Solo 4 de las 20 urbes más pobladas respetan en estos momentos el tope para el dióxido de nitrógeno acordado por la UE para 2030. Todas sobrepasan los máximos en el caso de las partículas finas.

Las instituciones europeas acordaron el pasado mes de febrero el endurecimiento de los límites de concentración en el aire de los principales contaminantes. Supone en varios casos rebajar a la mitad los máximos respecto a lo permitido hasta ahora. Los países de la Unión Europea tendrán que ponerse al día en los próximos seis años, porque serán de obligado cumplimiento a partir de 2030. Y, a la vista de los datos actuales, España no será una excepción. De hecho, ninguna de las 20 ciudades más pobladas del país cumple en estos momentos los nuevos límites anuales para dos de los principales contaminantes: el dióxido de nitrógeno (NO₂) y las partículas PM₂,₅ (las de un diámetro menor a 2,5 micras), que están detrás de decenas de miles de muertes prematuras al año en España. Partiendo de los datos de 2022, ninguna de estas dos decenas de urbes cumpliría con el nuevo tope legal de las PM₂,₅ (que pasará de los 20 microgramos por metro cúbico actuales a 10) y solo cuatro —Las Palmas, Alicante, Vitoria y Elche— respetarían la nueva concentración establecida para el NO₂ (que pasa de 40 microgramos por metro cúbico a 20).

Miguel Ceballos, experto en contaminación, advierte de que los nuevos límites “deben cumplirse en 2030 como tarde, por lo que han de ponerse en marcha ya las políticas” para mejorar la calidad de aire. Y lo primero es “cumplir de manera rigurosa con las medidas que ya contempla la legislación vigente”. Ceballos, que radiografía desde hace años para Ecologistas en Acción la calidad del aire en España, se refiere a las zonas de bajas emisiones, que las ciudades de más de 50.000 habitantes deberían haber puesto en marcha el 1 de enero de 2023. Pero más de un año después la inobservancia sigue siendo masiva: solo 7 de las 20 ciudades más pobladas del país tienen vigente su zona de bajas emisiones, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica.

La puesta en marcha de estas zonas es solo una de las medidas de las que se deben tomar para cumplir con los nuevos topes europeos, que se plasmarán en una directiva que se aprobará este semestre.