El Parlamento de Canarias ha aprobado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética del archipiélago. Este documento, persigue la descarbonización de la economía de las islas en el año 2040, 10 años antes que los horizontes marcados por Europa y España en esta materia, según han informado fuentes del Gobierno autonómico. “Se trata de la ley más consensuada de la historia de Canarias, con más de 384 aportaciones ciudadanas en los dos periodos de exposición pública”, ha explicado el Ejecutivo en una nota remitida a los medios.

«Se destinará el 2% del PIB de las Islas para medidas de acción».

El documento reclama que los presupuestos regionales incorporen una “perspectiva climática” y que el 2% del PIB de las Islas se destine a medidas de acción al respecto. De esta manera, el objetivo del Ejecutivo regional pasa por que las emisiones en la fecha límite se reduzcan en un 90% respecto a las de 1990 y que, al menos, el 10% de las emisiones remanentes sean absorbidas por sumideros. De cumplirse, supondría que el archipiélago pasaría de emitir 13,3 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (medida que incluye todos los gases de efecto invernadero) a 7,4 millones en 2030 y, finalmente, a 862.000 toneladas en 2040.

En cuanto a la implantación de energía renovables, el horizonte marcado por la Ley y el Plan de Transición Energética de Canarias para 2030 es alcanzar el 37% del consumo de la energía final a través de tecnologías verdes y el 92% en 2040. También se crea la Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Aguas. Actualmente, la penetración de las renovables para la generación de electricidad apenas asciende al 19,9%, frente al 47,7% en el sistema eléctrico nacional en el año 2021.

El texto establece que en 2030 todas las instituciones públicas de las islas tendrán que abastecerse al 100% de fuentes renovables y tendrán que sustituir por completo los equipos que se alimenten de combustibles fósiles. La Administración también deberá reemplazar los vehículos de combustión interna por otros con emisiones contaminantes nulas en un plazo máximo de 10 años desde la entrada en vigor. Las corporaciones locales tendrán que adoptar criterios de eficiencia energética y de neutralización de la contaminación lumínica cuando renueven el alumbrado, de manera que en 2040, toda la red cumpla con este propósito al 100%. La ley obligará a las administraciones a incluir en los pliegos de las licitaciones requisitos tenidos en cuenta para la acción climática, como la autosuficiencia energética o la gestión óptima de los residuos.

Para la movilidad sostenible, el objetivo de reducción de emisiones es de un 84,2% para el 2040, no superando las 480.000 toneladas de CO₂ equivalentes al año. Los grandes centros generadores de movilidad pública y privada deberán introducir planes de movilidad sostenible para sus usuarios en un plazo máximo de cinco años desde la aprobación de la Estrategia Canaria de Acción Climática. Entre otros sectores, las empresas de alquiler de vehículos deberán contar exclusivamente con flotas de emisiones directas nulas en un plazo máximo de 15 años desde la entrada en vigor de esta Ley.